15/11/2026

Alquiler: se convalida el Real Decreto-ley 29/2026 y decae el 28/2026, que iba a entrar en vigor el 15 de noviembre

El BOE del 13 de noviembre (núm. 283) publica dos resoluciones del Congreso de los Diputados del día anterior. Mientras las Cortes están disueltas, es la Diputación Permanente la que decide si un real decreto-ley se convalida o se deroga (artículo 86.2 de la Constitución), y en su sesión del 12 de noviembre acordó convalidar el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, «por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible», y derogar el Real Decreto-ley 28/2026, de la misma fecha, «por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual». El primero está en vigor desde el 8 de octubre y lo sigue estando. El segundo había fijado su entrada en vigor para el 15 de noviembre de 2026 (disposición final segunda), así que decae sin haber llegado a aplicarse. No era la primera versión de estas medidas: el 2 de octubre el Congreso derogó los Reales Decretos-leyes 26/2026 y 27/2026, de 29 de septiembre, que llevaban esos mismos títulos, y el Gobierno aprobó los dos actuales el 6 de octubre.

Lo que decae es una reforma del artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. El Real Decreto-ley 28/2026 preveía que, cumplidos los cinco años de contrato (siete si el arrendador es persona jurídica), este se prorrogara «tácita y obligatoriamente por plazos sucesivos de cinco años, o siete años si el arrendador fuese persona jurídica», salvo aviso del arrendador con seis meses de antelación; y que el arrendador que comunicara la no prórroga indemnizara al inquilino con el mayor de dos importes: doce mensualidades calculadas con el valor superior del rango que el sistema estatal de referencia de precios de alquiler asigna a la vivienda, o una mensualidad por cada año de residencia, con excepciones como la necesidad de la vivienda para el propio arrendador o sus familiares. Nada de eso llega a regir. Quien haya recibido o vaya a enviar un aviso de no renovación se guía por el artículo 10 que ya estaba en vigor.

Ese artículo 10 es el que dejó el Real Decreto-ley 29/2026 (artículo 3, apartado ocho), y es el que el texto consolidado del BOE recoge como vigente tras la derogación. Al cumplirse los cinco o siete años, si ninguna de las partes avisa —el arrendador con cuatro meses de antelación y el inquilino con dos—, el contrato se prorroga «obligatoriamente por plazos anuales hasta un máximo de tres años más», y el inquilino puede salir avisando con un mes de antelación al final de cada anualidad. Terminadas esas prórrogas, el apartado 2 permite al inquilino en situación de vulnerabilidad social y económica, acreditada con un informe o certificado de los servicios sociales emitido en el último año, pedir una prórroga extraordinaria de hasta un año, que el arrendador debe aceptar si es gran tenedor. El apartado 3 añade, en las zonas de mercado residencial tensionado declaradas, una prórroga extraordinaria por plazos anuales de hasta tres años, de aceptación obligatoria salvo que las partes acuerden otras condiciones, firmen un contrato nuevo con los límites de renta del artículo 17 o el arrendador haya comunicado la necesidad de la vivienda en los términos del artículo 9.3.

El decreto convalidado suma una prórroga extraordinaria propia, fuera de la ley (disposición final quinta). Se aplica a los contratos de vivienda habitual vigentes el 8 de octubre de 2026 cuya prórroga obligatoria de cinco o siete años termine antes del 31 de diciembre de 2028, o en los que finalice la prórroga tácita o la tácita reconducción, siempre que el inquilino esté al corriente del pago del alquiler «y lo haya estado mensualmente durante los ocho meses anteriores». A petición del inquilino, el contrato se prorroga por plazos anuales hasta dos años más, en las mismas condiciones. El arrendador debe aceptarla salvo que las partes pacten otras condiciones, firmen un contrato nuevo o el arrendador comunique la necesidad de ocupar la vivienda para sí o sus familiares conforme al artículo 9.3, aunque el contrato no lo previera, «siempre que concurra causa real y acreditada de necesidad». Tampoco se aplica si renuevan o firman un contrato nuevo con una renta al menos un 5 % inferior a la vigente, y es incompatible con la prórroga de las zonas tensionadas del artículo 10.3, que tiene preferencia.

La medida de alcance más general está en la disposición final sexta. Para los contratos de vivienda cuya renta toque actualizar porque se cumple una anualidad entre el 8 de octubre de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, el inquilino puede negociar la actualización con dos condiciones: si la renta supera el límite máximo que marca el sistema de índices de precios de referencia, «no procederá la aplicación de incremento alguno de la renta»; en los demás casos, la subida será la que resulte de un nuevo pacto entre las partes y, a falta de ese nuevo pacto, «no podrá ser superior al dos por ciento». Con la convalidación, ni esta limitación ni la prórroga de la disposición final quinta dependen ya de una votación pendiente: siguen en vigor en los mismos términos que desde el 8 de octubre.

Fuente: BOE — Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre (BOE núm. 249), convalidado por Resolución de 12 de noviembre de 2026 (BOE núm. 283)

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